La Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros (Colsiba) ha iniciado una jornada de denuncias contra la empresa productora de bananas en América Latina, Chiquita Brand. Las denuncias dicen respecto a violaciones laborales que la empresa ha presentado en los últimos meses en sus fincas.

Documentos enviados por la Colsiba revelan la alarmante situación laboral en la región bananera en donde la empresa Chiquita Brand tiene fincas sindicalizadas. Según Colsiba, “al parecer la empresa pretende romper con el convenio, violentando las normas básicas del acuerdo e incumplimiento compromisos adquiridos con la Colsiba, en reuniones de trabajo”.

Ya son muchos los casos de violaciones relatados. De acuerdo con el documento, Nicaragua es el país más preocupante. “Nicaragua es un retroceder a la era feudal. Desde hace 10 años no se negocian los contratos colectivos en fincas de este país (…) La degradación humana en estas fincas son comparadas a campos de concentración, si no tomemos en cuenta que el salario en estas fincas es de 1.50 de dólar diario”, denuncia el documento. Además de eso, lo que impera en esta región es la mano de obra eventual, en la cual los trabajadores ni al menos reciben herramientas de trabajo ni medios de protección, independiente del riesgo de la labor.

En Guatemala, la empresa ha venido negando hace nueve meses la negociación del contrato colectivo a los sindicatos de la región. En Honduras, la tentativa de negociación sigue desde hace diez meses. La empresa se recusa a aumentar los salarios y otros beneficios sociales, además de eso, sigue ambicionando implementar un modelo de negociación de aumentos por productividad nunca vistas en las plantaciones bananeras, lo que implica en agotadoras jornadas laborales.

Los agrocombustibles acentuarán la desnutrición en Guatemala

Dirigentes de diversas organizaciones populares alertaron sobre la paradoja de destinar productos agrícolas a la generación de combustibles en un país en el que casi la mitad de los niños sufre de desnutrición.

Roberto Madriz, dirigente del Frente Nacional de Lucha, que agrupa a unas 30 organizaciones sociales y populares, denunció que en departamentos de la zona oriental del país empresas extranjeras alquilaron tierras a campesinos hasta por 10 años con la intención de sembrar caña de azúcar para producir etanol.

Entretanto, Carlos Wer, referente del Movimiento Amplio de Izquierda, advirtió que en el sur se registra una situación similar donde ese tipo de cultivo se extendió a zonas antes utilizadas para producir granos básicos.

Actualmente, en Guatemala cuatro ingenios producen etanol para la exportación y el Pantaleón Sugar Holdings Company prevé construir una planta de alcohol carburante. Paralelamente, el 48 por ciento de los niños guatemaltecos están desnutridos, situación que viven también gran parte de las mujeres embarazadas.(PULSAR)

Cualquier persona en cualquier parte del mundo tiene derecho a vivir con dignidad. Esto significa que no debe negarse a nadie el derecho a una vivienda adecuada, a la alimentación, al agua y los servicios de saneamiento, a la educación y a la atención médica.

Los derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos el derecho a la alimentación, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y el derecho a la educación, son derechos humanos en la misma medida que lo son la libertad de expresión o el derecho a un juicio justo. Hace casi 60 años se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que se reconocía el principio de universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos –todas las personas deben disfrutar de todos los derechos humanos–. Ésta es la esencia de la misión de Amnistía Internacional.

La organización está documentando cada vez más evidencias de que las violaciones de derechos humanos conducen a la pobreza y la agudizan. Las personas que viven en la pobreza son las que menos acceso tienen al poder que les permitiría moldear las políticas en materia de pobreza, y con frecuencia se les niega el derecho a un recurso efectivo como amparo contra las violaciones de sus derechos.

Amnistía Internacional trabaja para que los gobiernos, las potencias empresariales y otros agentes poderosos respondan ante la justicia por las violaciones de derechos humanos que se ceban en los pobres y acentúan la pobreza.

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En el Parque Yasuní, en la Amazonia ecuatoriana, hay un guardabosque desarmado por cada cien mil hectáreas. La misión que tiene es tan desproporcionada como el número: evitar el tráfico de madera a Colombia que está extinguiendo a los últimos indígenas nómadas.

Eduardo López, de 58 años, hace parte de la frágil barrera de contención. Antes que impedir, el hombre asegura que ve, impotente, el desfile de camiones o canoas saliendo del Parque Nacional cargados con tablones de cedro o caoba principalmente.

“Dentro del área no hay policías ni militares. Los traficantes pasan el cedro aserrado por nuestras narices. En eso llevan décadas. En poco tiempo ya no habrá madera fina que talar”, dijo el vigía.

Además del cedro (cuyo crecimiento tarda unos 100 años) , el Yasuní contiene la mayor fuente de petróleo de Ecuador, ubicada en los campos Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT) , con unas reservas probadas de alrededor de 1 000 millones de barriles, que el gobierno aún no resuelve explotar.

Tras la deforestación, con el impacto que implica en una zona considerada desde 1989 reserva mundial de la biosfera según la UNESCO, está un millonario negocio que empieza en la selva ecuatoriana y se extiende a Colombia y Estados Unidos.

El Comercio (Quito) 16 Mayo 2007

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Accionistas votaron por resoluciones que plantaban preguntas relacionadas a la contaminación y daño a la salud que DOW ha fallado de tratar: contaminación de dioxin (una química que causa el cáncer) en Michigan (EEUU), residuos abandonados en Bhopal (India), y la epidemia de asma vinculada a insecticidas elaborados por DOW.

Una resolución dice que la manera en que DOW ha abordado la situación en Michigan plantea preguntas acerca de las políticas de DOW en cuanto a los asuntos como la salud humana y el medio ambiente. Accionistas expresaron preocupaciones similares sobre el tema de Bhopal donde la polución sigue contaminando el agua y esto, junto con los efectos de largo plaza del desastre, ha causado problemas graves para la salud de más de 100,000 personas.

(Lea más sobre la historia de Bhopal aca)

William Thompson, Jr. quien presentó la resolución junto con Amnesty International USA dijo “hay que considerar nuestra responsabilidad, que incluye asegurar que las empresas en que invertimos son corporaciones responsables, no solo en las comunidades en que operan, sino también en todos lugares donde sus acciones tienen impactos en vidas humanas. En Bhopal, India, DOW ha heredado un legado vinculado a Union Carbide y creemos que hay que solucionar todas cuestiones restantes para asegurar su expanion en el mercado indio.”

Neil Sardana, un activista de AIUSA adjuntó “el hecho es que mientras que la gente está muriendo, DOW desentenda su responsabilidad mirando a los demás para limpiar su desorden. El sufrimiento en Bhopal ha sido agravado por el rechazo de Dow de revelar el contenido químico de las toxinas que están envenenando a la gente, haciendolo imposible de darles los tratamientos apropriados.”

Afuera de la reunión activistas representando una variedad de causas ambientales y sociales manifestaron en contra de la hipocrecía de la nueva campaña de publicidad “el Elemento Humano” de Dow preguntando “¿Donde esta el elemento humano?”.

La resolución ganó 8.25% del voto, no suficiente para entrarla en la próxima reunión (10%) pero representa 2% más de apoyode lo que tenía el año pasado.

La estación Radio Caracas Televisión se encuentra a riesgo de cierre tras el anuncio de la no renovación de la concesión de sus derechos de transmisión.

Según Amnistía Internacional, este es el último en una serie de medidas que han venido mermando crecientemente el derecho a la libertad de expresión en Venezuela. Otros incluyen: la agresión y amenazas a periodistas — incluidos dos asesinatos en el último año – los procesos penales contra comunicadores sociales y la promulgación de medidas legislativas que coartarían la libertad de expresión.

“Las limitaciones a la libertad de expresión afectan el disfrute y la defensa de los derechos humanos como el derecho a la vida, a la educación, a la salud, a la integridad física, a la vivienda, a la libre asociación, todos derecho protegidos por la Constitución venezolana. Sin libertad de expresión, las personas en Venezuela tendrán menos capacidad de denunciar abusos y atropellos y ser resarcidas así como de participar en la construcción de propuestas sobre los temas claves para el país”, dijo Amnistía Internacional.

“El trabajo de los medios de comunicación es el de reflejar opiniones y puntos de vista sobre las diferentes realidades y problemas que aquejan a la población. Si un gobierno restringe esa libertad, está amenazando una de las piedras angulares de la sociedad.”

“Es imperativo que las autoridades venezolanas protejan el derecho de libertad de expresión, particularmente en momentos de polarización política y que envíen un mensaje claro de rechazo a cualquier ataque contra periodistas, iniciando investigaciones sobre estos ataques.”

“Los desafíos del siglo XXI, sea acabar con la pobreza, la marginalización o garantizar la seguridad, exigen líderes que den respuestas basadas en valores de derechos humanos que unan a las personas y promuevan el bienestar de todos y todas.”

El taller consistió de 3 presentaciones seguidas por un debate. Hubo más o menos 40 personas de varias organizaciones presentes. Para más detalles acerca de Red Puentes o las otras organizaciones hay una lista de enlances al final de este documento.

La primera presentación era de Bart Slob, de SOMO una organizacion que está en la Red Puentes en Holanda. Su presentación trató de la historia de la empresa multinacional, y la aparición del concepto de la RSE. Habló del poder de las accionistas y usó esto como ejemplo de una manera de presionar a empresas para que adopten normas de RSE. Habló también de la presencia creciente de empresas del ‘sur’ (mayormente China, India y Brasil) y los desafíos que esto crea para la RSE.

La próxima presentación era de Martín Pascal del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA): una observatorio laboral y ambiental de empresas multinacionales en Chile. Su presentación abrió con una examinación del modelo económico de Chile (caracterizado por ser abierto, concentrado, y transnacional, según el). Hizo también una mirada al papel de empresas extranjeras en Chile con una lista de las empresas mayores (por sector) operando en la economía chilena. Sin embargo, el enfoque principal era una discusión de 4 estrategias para el cambio. Primero: la visibilización de los trabajadores en la economía global. Segundo: los cambios voluntarios, que se centran en la presión del mercado y entonces la conciencia de los consumidores. Tercero: cambios administrativos que darían más acceso a información que tiene el gobierno para aumentar la transparencia en la economía. Cuarto: cambios legislativos para dar más fuerza legal a la sociedad civil para insistir en la RSE.

La última presentación era de Mario Benavente de la Dirección de Relaciones Económicos Internacionales (DIRECON) parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su enfoque se basó las empresas chilenas operando fuera del país. Como explicó, esto es mayormente en Argentina, Brasil, y Perú. Habló de los estándares tipos que las empresas siguen y la necesidad de la sensibilidad cultural. Defendió los Tratados de Libre Comercio bi/multilaterales y explicó los cambios estructurales que ha sufrido la economía de Chile en los últimos 15 años.

Después de las presentaciones hubo un debate en que varias participantes opinaron acerca de los temas desde la perspectiva de sus propias organizaciones. Los puntos claves incluyeron: la necesidad para la autocrítica por parte de la sociedad civil (sin embargo alguien respondió que puesto que el impacto de las empresas es tan enorme en comparación a lo de los ONGs, no hay que quedarnos demasiado en el autocrítica). Otro asunto era que en el marco de la RSE voluntario el cargo del cambio está en las manos de la sociedad civil que necesita más apoyo por parte del gobierno para crear un marco legal que sistematizaría la RSE y reformaría el concepto del papel de la empresa en la sociedad. Un argumento en favor de esta posición era que el gobierno, como entidad elegida y entonces democrática, debe responder a la volición del pueblo y tomar un rol de liderazgo en la RSE. La discusión pasó también a la importancia del diálogo con empresas, enfatizando las metas que ellos tienen en común con la sociedad civil, por ejemplo la sustenabilidad.

La Red Puentes está organizando un encuentro nacional para intercambiar experiencias en el trabajo de la RSE anticipado por Junio o Julio 2007.

Enlaces:
Red Puentes
SOMO
DIRECON
Centro de Información del Comportamiento Empresarial
CENDA

Habrá que escribir artículos, introducciones, comentarios, o debates acerca de novedades o temas adentro de la esfera de Derechos Humanos y empresas. Ejemplos del tipo de contenido buscado ya están en el blog y incluyen resúmenes de artículos de la prensa, introducciones breves a preguntas más “teóricas” con preguntas para debatir, artículos nuevos basados en informes de Amnistía Internacional, y reportajes de eventos pertinentes hechos por el equipo DESC. Mientras que hasta hoy el enfoque del blog ha sido mayormente sobre empresas en América Latina, estamos abierto a abrirlo más al mundo al mismo tiempo queremos mejorar nuestro contenido acerca de Chile.

Adentro de estos parámetros, los temas y el estilo del contenido está en tus manos; puedes escribir sobre lo que te animes. No hace falta mucho conocimiento tecnológico, podemos capacitarte en lo básico de como usar el blog.

Si quieres colaborar con esta nueva excitante iniciativa, escribe a rscblog@amnistia.cl para ponerse en contacto con el responsable del proyecto, para obtener más información y para planear como puedes contribuir!

En este ambito, alegaciones graves de la participación de contratistas en violaciones de Derechos Humanos – incluyendo la tortura en Abu Graib y cientos de tireteos, a veces letales – han surgido; sin embargo, la administración estadounidense no ha hecho casi ningún esfuerzo para hacerlas responsables o compensar a las victimas.

Amnistía Internacional ha llamado al gobierno estadounidense que contrata a estas empresas que informe al Congreso acerca de incidentes del uso de fuerza por contratistas contra detenidos y otros civiles y que el gobierno procese contratistas cuando existe evidencia clara mostrando su participación en violaciones de Derechos Humanos. Además, Amnistía ha pedido al gobierno que obligue a empleados de contratistas a tener una formación en Derechos Humanos y derecho humanitario y que las empresas sometan a revisión todos los empleados quienes van a trabajar en contratos para el ejercito estadounidense. El gobierno aún no ha progresado en estas demandas.

La empresa dijo que lo hizo para proteger sus empleados y acordó pagar una multa de US$25 millones. El caso está provocando indignación en Bogotá donde oficiales quieren ver a los ejecutivos de las empresas juzgado.

Chiquita dejó Colombia en 2004 cuando vendió su marca Brandex a una compañía local por US$43.5 millones. Sin embargo, el caso tiene implicaciones para otras empresas que hacen negocios en Colombia y en todas las zonas de conflicto alrededor del mundo.

“Es uno de los primeros – sino el primero – ejemplos que una empresa estadounidense está acusada y se declara culpable de cargos de proveer apoyo a organizaciones conocidas para perpetrar violaciones generales de derechos humanos” dijo Arvind Ganesan, director del programa de Empresas y Derechos Humanos de Human Rights Watch. “Sin embargo, el caso se acerca a los derechos humanos” continuó. “Es un caso único donde el terrorismo es el quid de la cuestión.” La acusación contra Chiquita es de ‘ocuparse en transacciones con un ente terrorista global especialmente designado’.

La milicia derechista Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) está en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado de EEUU junta con Al Queda, Hamas, y los 2 grupos de rebeldes izquierdistas mayores de Colombia FARC y ELN.

Empresas alrededor del mundo deben mirar al caso de Chiquita como una historia cautelar dijo Sr. Ganesan. Al menos tres empresas multinacionales que operan en Colombia – el gigante de la minería de carbón Drummond, Nestle, y Coca Cola – han sido objeto de demandas civiles en los Estados Unidos que les acusa de pagar a los paramilitares para matar o intimidar sindicalistas.

El caso de Chiquita podría allanar el camino para investigaciones de otras empresas. “Las corporaciones ya saben que no pueden pagar terroristas para la protección” dijo el Asistente Abogado General Kenneth Wainstein, al anunciar los alegados.

Mario Iguarán, acusador principal de Colombia dijo que su país puede pedir la extradicción de los ocho ejecutivos de Chiquita que autorizaron o sabían de los pagos. “Éstos no eran pagos de extorsión. Era apoyo para un grupo armado ilegal cuyos métodos incluyen homicidio.

“No fue un secreto que las empresas multinacionales, especialmente en Urabá (la región bananera), pagaron este dinero” dijo Freddy Rendón, jefe de un bloque paramilitar que operaba en la región bananera. Además de las AUC, Chiquita confesó pagarle a las FARC y ELN antes que los paramilitares ganaran el control de la región.

A pesar del perfil de las AUC – culpables de algunos de los crímenes más espantosos de Colombia según organizaciones de derechos humanos – Chiquita está acusada solamente de violar la ley estadounidense desde octubre 2001 cuando las AUC fueron nombradas organización terrorista extranjera por el Departamento del Estado.

El Sr. Mitchell, portavoz de Chiquita, dijo que el motivo para los pagos era proteger a los empleados de la empresa; “creemos que (los pagos) salvaron vidas” dijo. No obstante, durante el tiempo que Chiquita estaba pagando a los paramilitares, miles de personas en Colombia murieron por mano de los paramilitares en Urabá.

Léase el articulo integral (en Inglés)
Chiquita Case Puts Big Firms on Notice
Christian Science Monitor April 11, 2007 por Sibylla Brodzinsky

Amnistía Internacional:
Documentación Colombia
Colombia: El último homicidio de una persona dedicada a la defensa de los derechos humanos arroja más dudas sobre el polémico proceso de desmovilización de los paramilitares

Human Rights Watch:
Noticias Colombia:
Colombia: Asesinatos de Representantes de Víctimas Le Restan Credibilidad a Desmovilización Paramilitar 1 feb, 2007
A pact with the Devil (Íngles) 2 abr, 2007

Según este documental una corporación cuadra con el perfil de un psicópata. Mirando la historia la corporación como entidad legal y ejemplos recientes de la práctica irresponsable corporativa este documental se trata acerca del papel de corporaciones en la globalización económica y los desafíos planteados para el desarrollo sostenible social. Incluye análisis de académicos como Noam Chomsky y comentarios de ex-lideres de corporaciones multinacionales.Ingles subtitulado en espanol
145 mins Dirigido por Mark Achbar 2003